martes, 17 de mayo de 2011

Colocación de portones en UCV no resuelve inseguridad

Representantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU) rechazaron la consulta pública que se iniciará este miércoles para la instalación de portones en las entradas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tal como lo plantea la rectora Cecilia García Arocha y otro grupo de estudiantes. 

El secretario de Asuntos Nacionales de la FCU, Kevin Ávila, consideró que esa propuesta no es la solución para enfrentar el problema de la inseguridad. 

“Rechazamos esa propuesta mediocre, y de agua tibia, que ha surgido desde el rectorado y del centro de estudiantes 100%. Esto no soluciona el problema de inseguridad, el cual es un problema estructural”, señaló. 

Ávila explicó que lejos de resolver el tema de la inseguridad; esta medida representa la materialización del modelo de exclusión que algunos sectores quieren imponer en las universidades para privatizarlas. 

Resaltó que los estudiantes de izquierda y revolucionarios exigen propuestas contundentes para avanzar en materia de seguridad. 

“Nosotros, los estudiantes universitarios, pedimos que se trascienda de estas propuestas mediocres que salen del rectorado y se comiencen a implementar mesas de trabajo con todos los actores universitarios para generar propuestas serias, no sólo para las universidades sino para el país”, agregó Ávila. 

Dijo que de hacerse esta consulta pública, habría que preguntar también al pueblo venezolano, como dueño de la UCV. “Hay que hacerle preguntas al pueblo si quiere una universidad privatizada, y si esta propuesta resuelve el tema de seguridad”, enfatizó. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a las autoridades de la UCV suspender la instalación de portones en las entradas Tamanaco, Las Tres Gracias, Minerva y Técnica, las cuales constituyen vías de acceso a esta casa de estudios y al Hospital Universitario de Caracas. 

La decisión de la Sala Constitucional, que fue publicada el 13 de abril de 2010, admitió la acción de amparo introducido por la Defensoría del Pueblo, donde también ordenó suspender la implementación de cualquier otra medida que impida el libre y eficaz acceso a las rutas de circulación ubicadas dentro de la UCV.

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