Prensa PSUV.- La propuesta de Ley de Arrendamiento, elaborada y entregada a la Asamblea Nacional (AN) por el Movimiento de Pobladores, es un instrumento de suma importancia que permitirá a las familias venezolanas adquirir una vivienda digna dentro del respeto de los derechos humanos, enfatizó este miércoles Milagros Reverón, integrante del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida.
Durante su participación en el programa Despertó Venezuela de Venezolana de Televisión, Reverón señaló que esta herramienta jurídica, una vez sea aprobada por el Parlamento Nacional, protegerá los derechos de los ciudadanos ante las estafas inmobiliarias que se han registrado en los últimos meses por parte de constructoras inescrupulosas.
“Esta ley debe ser promulgada lo más ante posible puesto que es un hecho fundamental para la familia venezolana en el sentido de obtener cada uno de nosotros una vivienda digna”, sostuvo.
Explicó que el modo de operación para las estafas inmobiliarias se replicó por todo el país, debido a que las empresas constructoras aplican el mismo método para vulnerar los derechos de las personas que están en proceso de adquisición de viviendas.
Sin embargo, celebró que tras intensos esfuerzos por parte del Movimiento de Pobladores, lograron construir un documento que resguarda los derechos de propietarios e inquilinos ante los fraudes inmobiliarios.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) movilizó a sus bases en febrero para apoyar esta iniciativa del Pueblo Legislador en el marco de la discusión y puesta en práctica de las Líneas Estratégicas de Acción Política del PSUV, cuyo cuarto punto define al Partido como una “plataforma para el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular”.
Durante los días 19 y 20 del mes pasado, los militantes y simpatizantes del PSUV en Caracas recogieron un total de 28.915 firmas para avalar la propuesta legislativa. El 1 de mayo, un día antes de consignar el anteproyecto en el Parlamento, Ana Marina Rodríguez, vocera del Movimiento de Pobladores, informó que en todo el país se recopilaron unas 200.000 rúbricas.
Cabe destacar que la meta era recoger 17.800 firmas, 0.1% del total del Registro Electoral (RE), objetivo que fue ampliamente superado por la cantidad de personas que viven en condición de inquilinato en Venezuela, que se calcula en más de 796.000 familias.
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