El decreto 1630 expedido por la Presidencia de la República define la nueva estrategia del Gobierno para desestimular el robo de teléfonos celulares, que en el último año ha dejado 490 muertos y representado el 45 por ciento de las denuncias de hurto.
Una de las medidas más importantes avaladas por el presidente Juan Manuel Santos es la que obliga a todos los establecimientos que venden celulares a estar autorizados por los operadores de la telefonía o de otro modo serán clausurados.
El decreto impuso un plazo de 2 meses a partir de hoy para que los expendios no autorizados busquen el permiso de las empresas prestadoras de estos servicios.
En el decreto también se le ordena a las compañías de telefonía celular que creen dos listas de registro de los teléfonos: una lista positiva, que registre todos los equipos que entran al país y una negativa en donde estén consignados todos los reportados como robados.
También se exige a los comerciantes de equipos que una vez vendan un celular, le entreguen al cliente un certificado del Gobierno que garantiza que el aparato no está en una lista negra de equipos robados y que entró legalmente al país y otro documento donde esté consignado el código IMEI que permitirá al cliente reportar su celular si éste fue robado y que la empresa pueda bloquearlo para hacer más difícil su reactivación y reventa.
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