Alrededor de 230 mil personas han sido sometidas en los últimos años en México al desplazamiento forzoso por culpa de la proliferación del narcotráfico y la violencia, indica el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) en un informe publicado esta semana acerca de la cantidad de personas desplazadas en el mundo por conflictos internos dentro de sus países.
El informe del IDCM se presentó recientemente en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, y se llama "México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la droga".
Ante la carencia de cifras oficiales por parte del Gobierno mexicano, el documento se fundamenta en estudios elaborados por investigadores locales sobre la gente que ha tenido que dejar sus casas por las luchas de poder entre los carteles.
Los investigadores estiman que, de las 230 mil personas desplazadas, la mitad habría cruzado la frontera hacia Estados Unidos, y el resto se habría desplazado internamente en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz.
La IDCM determinó que los estados con mayor número de desplazados por esta guerra son Chihuahua (norte) y Tamaulipas (noreste), aunque también se contabilizan muchos afectados en Sinaloa (noroeste) y Michoacán (oeste).
En tanto, Ciudad Juárez (Chihuahua) y Ciudad Mier (Tamaulipas) son las localidades más violentas y aquellas que han sufrido los peores embates de la violencia narco.
En Ciudad Juárez, considerada la población más violenta de México, las autoridades cuentan con 20 psicólogos, 18 trabajadores sociales, ocho abogados y un médico para apoyar a las víctimas indirectas de la violencia, que según organizaciones civiles son más de 70 mil.
Por otro lado, Ciudad Mier -un pequeño municipio fronterizo con Estados Unidos- sufre la guerra a muerte entre el cartel conocido como Los Zetas y el Cartel del Golfo, que antes eran aliados. En 2010, Los Zetas amenazaron con asesinar a todos sus habitantes por el control de la droga, hecho que provocó el exilio de la gran mayoría de la población.
El informe detalla que el impacto del exilio forzado se calcula porque el consumo de agua, electricidad y la generación de basura disminuye considerablemente en esas zonas.
No obstante, el estudio refleja que estas poblaciones carecen de protección por parte de las autoridades mexicanas, quienes tampoco ofrecen ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra de cárteles.
Las cifras del censo difundidas este mes por el gobierno mexicano dan indicios de un éxodo, al menos en algunas zonas.
Un censo realizado por el Gobierno mexicano a mediados del 2010, arrojó como resultado que el 61 por ciento de las viviendas en en el municipio Praxedis G. Guerrero (al este de Ciudad Juárez) estaban deshabitadas.
En Ciudad Juárez, al menos 111 mil 103 viviendas también permanecen abandonadas, cifra que constituye el 23 por ciento dela población. En Reynosa (Tamaulipas) casi un tercio de las 160 mil 171 casas se encuentran en la misma situación. Se calcula que la cifra para todo México es de 14 por ciento.
"Merece la pena reparar que en México el número de desplazamientos en 2010 es mayor que la cifra de los nuevos desplazados en Afganistán durante el mismo período", señaló Elisabeth Rasmusson, secretaria general del Consejo Noruego para Refugiados -organismo que estableció el IDMC a petición de las Naciones unidas.
Finalmente, el informe destacó que, aunque la cifra está muy por debajo de los entre 3,6 millones y 5,2 millones de desplazados en Colombia, “la gente que tuvo que huir debido a la guerra de las drogas en México ha recibido poco apoyo”.
El informe del IDMC dice que el número de personas desplazadas, dentro de sus propios países por violencia o conflictos, es de 27.5 millones, la cifra más alta de la última década.
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